El Congreso elimina las ‘golden visa’ para la compra de vivienda e inversiones empresariales de los extranjeros

Emilio Zhang, director ejecutivo de Eticasa Servicios, trabajando desde su oficina en el distrito madrileño de Usera. 
David Expósito

El Gobierno ha materializado uno de sus compromisos en materia de extranjería y política de vivienda al aprobar la eliminación de los visados de residencia vinculados a la inversión inmobiliaria u otras inversiones empresariales en España por parte de ciudadanos extranjeros, los conocidos como visados de oro o golden visa (en terminología inglesa). La eliminación de estos permisos se ha llevado a cabo a través de una enmienda incluida en la Ley de eficiencia judicial que ha sido aprobada este jueves por el pleno del Congreso de los Diputados.

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 La medida ha quedado incluida en la Ley para la eficiencia de la justicia que ha recibido el visto bueno de la cámara baja; estos permisos se podrán seguir concediendo hasta que la norma entre en vigor  

El Gobierno ha materializado uno de sus compromisos en materia de extranjería y política de vivienda al aprobar la eliminación de los visados de residencia vinculados a la inversión inmobiliaria u otras inversiones empresariales en España por parte de ciudadanos extranjeros, los conocidos como visados de oro o golden visa (en terminología inglesa). La eliminación de estos permisos se ha llevado a cabo a través de una enmienda incluida en la Ley de eficiencia judicial que ha sido aprobada este jueves por el pleno del Congreso de los Diputados.

Este mecanismo, que se incluyó por primera vez en la Ley de apoyo a los emprendedores aprobada por el Gobierno popular en 2013, ha permitido desde entonces conceder permisos de residencia a los extranjeros que invirtieran al menos 500.000 euros en una vivienda en España sin contar las cargas ni hipotecas. Las golden visa también se han otorgado, según esta norma, a aquellos extranjeros que bien realizaran una inversión inicial por un valor igual o superior a: dos millones de euros en títulos de deuda pública española; un millón de euros en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas con una actividad real de negocio; o un millón de euros en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado o fondos de capital riesgo constituidos en España.

Para eliminar estos visados, algo a lo que ya se comprometió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha enmendado, a través del Grupo Parlamentario Socialista, la Ley Orgánica sobre eficiencia de la justicia que ha sido aprobada este jueves por 179 votos a favor, 169 en contra y ninguna abstención. En concreto, dicha enmienda deroga los artículos 63, 64, 65, 66 y 67, que regulaban la concesión de estos permisos (requisitos, solicitudes, duración, etc.). De esta manera quedarían suprimidos los visados y autorizaciones de residencia por la adquisición de inmuebles e inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general.

No obstante, el texto legal, que ahora deberá seguir su trámite en el Senado, precisa también que “aquellos inversores o familiares de inversores que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta disposición transitoria, hubieran presentado la correspondiente solicitud, podrán recibir el visado o autorización correspondiente conforme a la normativa vigente en la fecha de presentación de la solicitud”.

De esta forma, y hasta que entre en vigor la ley, se podrán seguir solicitando y otorgando este tipo de visados, lo que podría hacer que se intensificaran sus peticiones ante la evidencia de que van a ser eliminados en fecha próxima.

La mayoría por inversión inmobiliaria

Según reconoció Sánchez el pasado mes de abril, “94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria” y esto, añadió el líder del Ejecutivo, se produce en la inmensa mayoría de las veces en grandes ciudades que se enfrentan a un mercado muy tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes ya viven, trabajan y pagan sus impuestos allí.

De hecho, según los últimos datos facilitados, también en abril pasado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, desde su entrada en vigor en 2013 se han concedido 14.576 golden visa ligadas a inversiones en bienes inmuebles, la mayoría a ciudadanos de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Mientras que las principales provincias de inversión son Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, que concentran el 90% de las autorizaciones concedidas en todo el territorio nacional.

Rodríguez también precisó entonces que la compra de vivienda por extranjeros aumentó considerablemente en los últimos trimestres del año 2023. Al tiempo, señaló que la adquisición de viviendas ligadas a inversiones contempladas en la ley de 2013 representa el 7,1% del total de las compraventas en un año en Marbella; el 5,3% en Barcelona; y el 10% en algunos municipios de las Islas Baleares.

Al igual que hizo Sánchez, la titular de Vivienda ha sostenido que este tipo de inversiones “tensionan mucho el mercado, incrementan el precio de las casas y favorecen la especulación”. Por tanto, el principal objetivo del Gobierno, con la eliminación de estos visados dorados es acabar con “la especulación que se ha incrementado de manera muy notable” desde el año 2022, cuando se duplicaron las concesiones de visados inmobiliarios.

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